Nueve de cada diez Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) tramitadas han sido resueltas en la CAPV. Así lo ha dado a conocer el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Ibon Galarraga, que ha comparecido esta mañana en Vitoria junto al director de Evaluación, Planificación y Control Ambiental, Alberto Jiménez de Aberasturi, para hacer balance del proceso de tramitación en la CAPV de este certificado exigido por la UE a las empresas potencialmente más contaminantes.

Galarraga se mostró razonablemente satisfecho al considerar que la CAPV ha hecho los deberes, gracias al esfuerzo de las empresas y de los técnicos y técnicas de la viceconsejería de Medio Ambiente y de Ihobe. “Sobre todo –afirmó-, teniendo en cuenta que primero el Gobierno del PP, por trasponer la directiva europea tarde y mal; y luego el del PSOE, por su incapacidad para enmendar la situación; han sumido a las empresas, y también a las administraciones autonómicas, en una auténtica ceremonia de la confusión, en un proceso ya de por sí de enorme complejidad administrativa.

Aun así, el viceconsejero subrayó que, de las 281 solicitudes de Autorización Ambiental Integrada recibidas, 242 aportaron la documentación completa en forma y plazo. De esos 242, han sido resueltos 209, es decir, prácticamente 9 de cada 10 (86,36%, para ser exactos). En 203 casos, lo han sido con la concesión de autorización ambiental integrada (192 instalaciones existentes y 11 nuevas); y en 6, archivando el expediente por diferentes razones. Respecto a estos 6 casos archivados, 5 afectaban a instalaciones existentes (que modificaron su actividad o cerraron), y solo una correspondía a una nueva actividad, concretamente el proyecto para una incineradora en Txingudi, finalmente desechado por sus promotores.  

Respecto a las restantes, las más urgentes, como es obvio, son las empresas existentes. De éstas, 37 han completado ya su documentación y 26 aún no lo han hecho. En ambos casos, la inmensa mayoría terminará su tramitación en breve plazo.

Caso bien diferente es el de las empresas que, aun figurando dentro de las concernidas por la AAI, no han cursado solicitud alguna. En estos casos, alrededor de 10 empresas, se ha abierto ya expediente sancionador, que podría contemplar finalmente sanciones de gravedad y, en su caso, incluso la suspensión de actividad.